De acuerdo con el abogado y sociodirector de la firma jurídica MFM Consulting Group, Nelson Faraco, una forma de lograr la legalización del matrimonio igualitario es a través de una enmienda al artículo 77 de la Constitución de 1999, modificando su redacción para establecer que se protege el vínculo conyugal, sin hacer referencia al género de los contrayentes, es decir, los interesados en casarse, manteniendo el resto de la redacción de dicho texto.

“Pienso que los valores que conforman una familia no necesariamente están ligados al género de quienes la componen. Existe un derecho a la libertad de expresión y al libre desenvolvimiento de la personalidad, ambos hoy objeto de lucha en Venezuela”, expresó Faraco, quien al mismo tiempo añadió que la sociedad venezolana debe enrumbarse hacia un futuro donde la tolerancia y el respeto sean parte de los valores esenciales.

Reformas al Código Civil

El abogado también explicó que, si se logra la modificación de la disposición constitucional, el matrimonio entre personas del mismo sexo saldría del campo de lo expresamente prohibido para convertirse en una posibilidad.

“Posteriormente, deben existir reformas al Código Civil en primer lugar, para evitar prohibiciones expresas, incluso incorporando la figura del matrimonio igualitario a los distintos instrumentos normativos que rigen la vida familiar, cómo lo son la LOPNNA, el Código Civil, entre otros. Solo así podríamos convertirlo en una posibilidad desde el punto de vista legal”, acotó el directivo de MFM Consulting Group.  

La política venezolana y el matrimonio igualitario

Recientemente, a través de las redes sociales se viralizó que la precandidata presidencial y líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, dejó clara su postura sobre algunos temas en los que el país se mantiene en rezago, como la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, mostrándose a favor de este derecho. No obstante, hasta el momento otros políticos opositores no se han pronunciado o hecho comentarios al respecto.

A juicio de Faraco, quien también es profesor, Venezuela atraviesa un conflicto político y social que impide asumir esta figura como una prioridad “no he observado un rechazo mayoritario al matrimonio igualitario, sin embargo, no existe una disposición a dar el debate, de un lado o del otro. En muchos casos, con razón, temas de urgencia asumen protagonismo en las pocas discusiones que existen en los foros políticos”, puntualizó.

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Gabriel Velásquez

Puro Vinotinto / Grupo de Comunicaciones El Sumario

Fuente de imagen referencial: unsplash, vía web

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Unos 15 representantes del colectivo pidieron un “pronunciamiento definitivo” sobre unas demandas introducidas desde 2015 por la asociación civil Venezuela Igualitaria relativas “al derecho al matrimonio civil igualitario”, al de “la identidad de género” y al de “las personas a ser, existir y amar dentro de las Fuerzas Armadas”, dijo el presidente de esta asociación, Giovanni Piermattei.

“Desde entonces, a pesar de haber sido admitido cada uno de estos recursos, (…) no han dado respuesta. Ya se cumplió el lapso procesal, están en un evidente retardo procesal al no darnos respuesta”, aseguró.

Por su parte, Yendri Velásquez, miembro del Observatorio de Violencia LGBTI, dijo que Venezuela es “lamentablemente, uno de los últimos países en la región en avanzar en materia de derechos humanos para las personas” de este colectivo, con las que el “Estado tiene una gran deuda”.

En Venezuela, un hombre homosexual no puede donar sangre, una persona trans debe identificarse legalmente con un nombre que no la representa y las parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que enfrenta este colectivo.

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Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Agencia EFE, vía web

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“Hoy podemos irnos felices porque ganamos una batalla”, dijo Koddy Campos, uno de los activistas que se encadenó, al salir de una reunión con diputados que les prometieron gestionar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplir la Ley de Registro Civil que contempla el cambio de nombre por razones de género, un derecho asentado en 2009 y que no ha sido respetado por las instituciones.

Los manifestantes explicaron que el próximo miércoles, en compañía de legisladores, una decena de personas trans serán las primeras en solicitar ante el CNE un nuevo documento de identidad que vaya acorde con su expresión de género.

“En los próximos días vamos a tener unos nombres dignos ajustados a la forma en que vivimos”, dijo la abogada Richelle Briceño, que actuó como portavoz de los encadenados durante la última semana.

Además del derecho al cambio de nombre, los cuatro jóvenes que se amarraron en las afueras de la Defensoría del Pueblo también exigen al Estado anular el apartado judicial que condena con hasta 3 años de prisión las relaciones homosexuales en los cuarteles.

Asimismo, los activistas recriminaron el silencio por parte de las instituciones públicas ante numerosas peticiones, entre ellas una propuesta de matrimonio igualitario introducida ante el Parlamento en 2014 que no ha sido revisada.

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Con información de medios nacionales y agencias

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La activista y portavoz de la protesta, Richelle Briceño, indicó a los medios que durante la noche las tres personas que se encadenaron, una de ellas en silla de ruedas, fueron presionadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para que desistieran de la manifestación.

“Hubo bastante presión por parte de la Policía Nacional Bolivariana (…) para ser retirados, se les amenazó con retirarles las cadenas, con picarles las cadenas, porque (alegaron) que esta es una zona de seguridad, por lo que la actuación de ellos es ilegal”, señaló.

Briceño agregó que otros activistas se han acercado al lugar para manifestar su apoyo, así como llevarles ropa limpia y medicinas a las tres personas, que se mojaron debido a las lluvias registradas en la tarde del lunes en Caracas.

La activista afirmó que la protesta se mantendrá hasta que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, o alguna otra autoridad “de peso” se acerque hasta el lugar para iniciar un diálogo entre las partes.

Los manifestantes exigen la derogación de un artículo del código de justicia militar que penaliza la homosexualidad con hasta 3 años de cárcel, un asunto sobre el que Ruiz no se ha pronunciado.

Además, piden que las personas transexuales puedan cambiar su nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009 que no ha sido respetado y, por consiguiente, los miembros de este colectivo viven con identidades que no corresponden a su género.

Los activistas también solicitan a la Asamblea Nacional la discusión de un anteproyecto de ley sobre matrimonio igualitario que se introdujo en 2014, sin que se haya iniciado el debate entre los diputados.

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